Familias del Polochic y el Gobierno firman acuerdo marco

De cumplirse los compromisos en el 2018 podría terminar el calvario para 578 familias que viven en condiciones paupérrimas.  

Un acuerdo marco en donde el Estado de Guatemala se compromete a dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2011, a favor de 14 comunidades Maya Q ´eqchí desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, fue firmado el pasado 10 de junio de 2016.  

El acuerdo dice que, “el Gobierno comprará la finca Tinajas, también arrendará con opción a compra, en dos años, las fincas Paraná y Miralvalle” en donde se reasentarán más de 500 familias que regresaron a vivir en condiciones paupérrimas a los terrenos de donde fueron desalojadas hace más de 5 años.

En relación a lo anterior, existe otra propuesta, que las fincas Paraná y Miralvalle se adquieran en una compra venta con pagos a plazos durante dos años, previo a eso se deben hacer análisis jurídicos y técnicos por parte de la institucionalidad agraria del Estado.   

En otro punto, el acuerdo señala que se realizará un censo para actualizar el número de familias que gozan de medidas cautelares, puesto que muchas de ellas se marcharon a lugares distintos después del desalojo violento.  

Para elaborar una hoja de ruta y afinar detalles de la infraestructura que se necesita para un traslado y reasentamiento digno de las familias campesinas, se acordó realizar una reunión el próximo 16 de junio entre la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), el Fondo de Tierras (Fontierras) y la empresa Chabil Utzaj.   

Previo a firmar el acuerdo la propuesta de la SAA era que las familias aceptarán 15 láminas para construir su vivienda, no obstante Daniel Pascual Hernández, coordinador general del CUC, dijo que el Estado debe preparar las condiciones mínimas para un traslado y reasentamiento digno después de un desalojo, “así lo determinan las medidas cautelares, las 30 láminas y parales solicitados por los comunitarios apenas cubrirían el techo mínimo que necesitan las familias ”, enfatizó Pascual.  

El acuerdo fue firmado por Carlos Morán, titular de la SAA, Víctor Godoy, presidente de Copredeh, representantes de 14 comunidades con medidas cautelares del Polochic, Daniel Pascual Hernández, coordinador del CUC, Noel Sacasa, representante de la Empresa Chabil Utzaj, Miguel López, representante de Fontierras, Jaime Chub Winter, alcalde municiapal de Panzós, Ana Contreras, representante del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), y otros funcionarios públicos.  

Caso Polochic en este año 

El Juzgado de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz había girado una orden de desalojo, que se ejecutaría el 28 de enero de 2016, en contra de las familias campesinas con medidas cautelares que habían regresado a vivir a las fincas Paraná, Tinajas y Miralvalle. El desalojo se detuvo gracias a los acuerdos alcanzados entre las 14 comunidades con medidas cautelares, el CUC y la empresa cañera Chabil Utzaj.  

El 5 de febrero de éste año, el CUC y otras organizaciones de la Asamblea Social y Popular emplazaron al gobierno de Jimmy Morales, dándole 30 días para que implementara un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, el documento también incluía la entrega de tierra a 578 familias desalojadas en 2011. http://goo.gl/8GZ1iq

Por otro lado, previo a la firma del reciente acuerdo marco, se sostuvieron tres reuniones en donde gradualmente las partes se fueron poniendo de acuerdo. Al inicio se hablaba de reasentar a las más de 500 familias en una sola finca, pero las comunidades no estuvieron de acuerdo, el CUC y otras cinco organizaciones peticionarias de las medidas cautelares respaldaron esa decisión y se hicieron 14 planteamientos a las instituciones de gobierno involucradas.   

De acuerdo con Carolina Rax, de la finca San Miguel Cotoxhá, hasta ahora el diálogo y negociación con el gobierno y la empresa Chabil Utzaj van avanzando positivamente y las 14 comunidades con medidas cautelares le darán el beneficio de la duda a este gobierno, pero hasta que no se concrete la compra de las tres fincas no podrán decir que el Estado ha cumplido con las medidas cautelares, porque de igual forma el gobierno de Otto Pérez Molina firmó unos acuerdos en donde se comprometió a entregar tierra a las 800 familias desalojadas, pero sólo resultaron beneficiadas 222 de ellas.   

Paralelamente a este acuerdo marco, el Fontierras está haciendo estudios y evaluaciones técnicas para la adquisición de la finca El Rodeo, jurisdicción de Panzós, en ese lugar viven 60 familias que gozan de medidas cautelares, se espera tener un dictamen favorable en los próximos días. Cabe resaltar que esta finca no le pertenece a Chabil Utzaj. 

Por: Jose G. Cubur.

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