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NUEVA INCURSIÓN POLICIACO-MILITAR EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ

Hoy, con un fuerte despliegue de tanquetas, tres mil policías y soldados han ocupado militarmente la comunidad Las Trojes del municipio San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Han anunciado que tienen un listado de 25 personas a las que quieren capturar, por lo que intentan allanar las casas de los aldeanos.

Sin embargo, al no encontrar las 25 personas buscadas, los policías y soldados han capturado a 43 aldeanos, entre ellos las autoridades comunitarias de Las Trojes.

La incursión se da luego de que los aldeanos detuvieron una máquina de la empresa Cementos Progreso el sábado pasado alrededor de las 6:30 a.m., cuando ésta entraba al área de la mina. Han pedido la intervención de la alcaldesa Marta Sicán de Coronado para mediar entre las partes, pero a pesar de repetidas solicitudes al respecto, la petición fue negada.

Es la tercera vez que las fuerzas armadas y policiales irrumpen violentamente en las comunidades de San Juan Sacatepéquez para reprimir las protestas a las obras mineras en el municipio, la última incursión siendo la que se dio el 28 de marzo del presente.

La empresa Cementos Progreso de la familia Novella intenta implementar el proyecto minero a la fuerza, a pesar de que la población de San Juan Sacatepéquez ha manifestado en varias ocasiones su rechazo. En mayo 2007 se realizó una consulta comunitaria en las 12 comunidades que están en el área minera del municipio. El resultado fue un rechazo total a la explotación minera, con 8936 votos en contra y 4 votos a favor.

No tiene nada de raro entonces que el afán de los empresarios de desprestigiar las consultas comunitarias es grande. A pesar del rotundo “NO” a la minería en cada una de las comunidades consultadas, algunos medios de comunicación han dado información falsa, afirmando que en el municipio hay “50 comunidades” a favor de la minería. Esta afirmación resulta ridícula, considerando que los aldeanos han informado de la existencia de un total de 38 comunidades en el municipio.

Los aldeanos están ejerciendo sus derechos como ciudadanos. Las consultas comunitarias se realizaron en el marco del convenio 169 que obliga al estado a consultar a los pueblos indígenas sobre la explotación de los recursos en sus territorios. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom, en lugar de garantizar la aplicación de las leyes, actúa a favor de los empresarios, de manera violenta y a costo de la población.

El presidente acude otra vez al “Estado de Prevención”, limitando los derechos de los ciudadanos y facilitando la represión. Ya está claro que son el gobierno y las autoridades, las que constituyen un peligro para la sociedad, y no las protestas sociales.

El Comité de Unidad Campesina se solidariza con los campesinos de San Juan Sacatepéquez y condena enérgicamente la criminalización de las protestas sociales y la militarización del municipio.

 

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

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