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GOBIERNO DE GUATEMALA Y EMPRESAS HIDRO SANTA RITA Y ENERGUATE, SON LAS RESPONSABLES DE LAS REPRESIÓN Y CONFLICTIVIDAD EN ALTA VERAPAZ

El Estado de Guatemala, a través de las fuerzas de seguridad, ha lanzado un ataque en contra del Pueblo Q’eqchi’ que se ha pretendido disfrazar con el desalojo a la comunidad 9 de Febrero. La realidad de los hechos es que, con el dinero de los impuestos de las y los guatemaltecos, en un operativo de carácter nacional, se movilizó a más de mil quinientos efectivos de las fuerzas represivas, desde diversos departamentos, incluyendo departamentos fronterizos con México, con el fin de garantizar los intereses de las empresas Hidro Santa Rita y Energuate.   

 

El resultado de ese operativo realizado al servicio de las empresas es el de 3 ejecuciones extrajudiciales, 47 capturados, un número similar de golpeados, cientos de campesinos y campesinas desplazadas forzosamente y obligadas a refugiarse en la montaña, como en los tiempos de la guerra que se vivió en Guatemala; uso excesivo y desmedido de la fuerza, detenciones ilegales, allanamientos ilegales de viviendas, todo lo que conforma un cuadro de graves violaciones a los derechos humanos y diversos protocolos establecidos nacional e internacionalmente.

Rechazamos la manipulación mediática que el Ministro de Gobernación está generando al tergiversar totalmente los hechos sucedidos lo cual responde a la misma estrategia de sembrar el terror y manipular a la opinión pública escondiendo la verdad de lo sucedido en Alta Verapaz, hay suficiente evidencia que demuestra que los ataques fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad premeditadamente y que los efectivos de la policía dispararon a matar.

Las acciones represivas y la militarización de Alta Verapaz tienen como objetivo diezmar la resistencia y la lucha por la defensa de la madre tierra y el territorio, así como la nacionalización de la energía eléctrica ya que las agresiones fueron dirigidas contra puntos clave de la resistencia y lucha de los pueblos locales, tal es el caso de la resistencia en Río Dolores, Cobán y la Franja Transversal del Norte, específicamente el municipio de Raxruhá, Alta Verapaz.

Denunciamos a la empresa CEDER de la Sra. Villagrán ha estado generando conflictividad y división en varias comunidades.

Demandamos a la Procuraduría de Derechos Humanos PDH que cumpla su papel que brilló por su ausencia y solicitamos a la Oficina del OACNUDH en Guatemala (Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para que se investigue los hechos represivos y la militarización que se está realizando en esta región del país.

Reafirmamos el derecho del pueblo Q’eqchi’ a decidir sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, tal y como lo establece la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Organizaciones Indígenas y Campesinas de Alta Verapaz

 

IV Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones

Guatemala, 21 de agosto de 2'14

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