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GOBIERNO DE COLOM Y EL SISTEMA JUDICIAL CONVERTIDO EN INSTRUMENTO REPRESIVO, RESPONDEN CON DESALOJOS VIOLENTOS A DEMANDAS CAMPESINAS

Este 18 de Abril de 2008 fuerzas represivas del Estado integradas por el ejército y la policía, con la participación de guardias privados de finqueros desalojaron violentamente la finca San Nicolás de Málaga, ubicada en el Municipio de San Domingo Suchitepéquez, Departamento de Suchitepéquez.

La Finca San Nicolás de Málaga fue adjudicada, desde 1908 a los pobladores de la Aldea Bolivia, pertenece a los ejidos del Municipio de Santo Domingo Suchitepéquez y es parte de las 184 caballerías de las que se había apropiado la empresa norteamericana Nahualate Land Company y que fue expropiada por el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Estas tierras fueron entregadas, posteriormente, por el gobierno de Castillo Armas a los finqueros Mérida Molina, sin tomar en cuenta que son tierras ejidales.

En enero del 2007 los pobladores de la Aldea Bolivia en base al decreto de adjudicación de 1908 recuperaron la tierra y la pusieron a producir. De esa fecha a la actualidad, se habían logrado detener 3 intentos de desalojo. En esta ocasión, pese a estar en trámite un amparo, el juez de paz, bajo las presiones de la jueza de 1a Instancia Ppenal de Mazatenango, Vilma Rossana Reyes González, procedió a autorizar el desalojo. Cuando los pobladores se acercaron a dialogar con la PNC, ésta lanzó bombas lacrimógenas y capturó al compañero Moisés Marcial, posteriormente dejado en libertad.

Antes de que el Sr. Colom tomara posesión, las organizaciones indígenas y campesinas planteamos que para desarrollar un diálogo era necesario la suspensión de los desalojos, las órdenes de captura y el otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera y petrolera. Este desalojo es la respuesta del Sr. Colom a las demandas indígenas y campesinas y a la marcha de 127 kms que realizamos del 12 al 15 de abril y se confirma lo que expresamos en nuestro manifiesto en el sentido de que “responden a las demandas indígenas y campesinas y del Pueblo en general, con el desprecio, la criminalización de la protesta social, las acusaciones de terrorismo, las campañas y persecución en contra de líderes populares o la utilización de mesas de diálogo como mecanismo para ganar tiempo o desactivar las protestas”.

El gobierno de la UNE hipócritamente argumenta que respeta la aplicación de la ley, pero deja pasar las ilegalidades cuando son en contra de comunidades campesinas al ejecutar un desalojo, a pesar de estar en proceso un amparo, y al permitir la participación de guardias privados y el ejército junto con la policía acción represiva, estando ellos para otros fines.

El Comité de Unidad Campesina exige al Sr. Colom, los funcionarios de su gobierno y al organismo judicial, convertido en instrumento de represión: ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS INDÍGENAS Y CAMPESINAS.

 

A Mayor Represión: ¡Mayor Organización!

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