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Comunidades Q’eqchi’ del Valle del Polochic, sufren violaciones a sus derechos económicos, sociales y a su seguridad alimentaria. Urgen al Gobierno entrega de tierra y visita in situ de la OEA.

Las comunidades Q’eqchi’ desalojadas en el Valle del Polochic por la empresa Chabil Utzaj, denuncian la continua violación a sus derechos humanos, evidenciadas en el censo de condiciones de vida elaborado en abril de 2013. Urgen al Gobierno cumplir el compromiso de entrega de tierra, y a la Organización de Estados Americanos (OEA), una visita in situpara verificar su situación.

  1. Violación de los derechos a una vivienda digna y servicios básicos.

Desde hace más de dos años, las casi 800 comunidades desalojadas en el Valle del Polochic se trasladaron a los terrenos de las comunidades de los ex mozos colonos, donde paga alquiler o están posando. Son tierras en laderas, que en su mayoría no brindan servicios básicos. Únicamente el 4% de estas familias cuenta con energía eléctrica, y sólo el 25% tiene acceso a agua entubada propia. Se destaca que un 15% tiene que recorrer más de un kilómetro para obtener agua de río.

  1. Violación al derecho a la alimentación.

Sólo el 27% de las familias tiene acceso a tierras para cultivo -en alquiler-, aunque con pocos rendimientos. Se estima que producen al año entre 8 y 15 quintales de maíz, muy por debajo de lo que FAO ha determinado como el promedio necesario para una familia (32 quintales).

Las familias son rechazadas para trabajar en los monocultivos de caña y palma, y el ingenio promueve que les sea negada la posibilidad de arrendar tierras de fincas que no están siendo cultivadas. Asimismo, los salarios no les alcanzan pagar alimentos, alquiler de vivienda y otras necesidades básicas.

Desde el momento de los desalojos, en el que fueron destruidos y quemados sus cultivos, la mayoría de familias sufre constantemente escasez de alimentos. Menos de la mitad de las familias puede consumir tres tiempos de comida al día, y las comidas diarias se limitan a maíz, chile, y sal. El fríjol no se consume diariamente lo que significa que la dieta no es adecuada para acceder a las fuentes de energía y proteína.

La situación de desnutrición crónica y aguda es grave en estas comunidades. Casi 6 de cada 10 niños y niñas entre 0 y 5 años sufre de desnutrición crónica (54%) y por cada 100 niños y niñas de 0 a 5 años, más de dos sufren desnutrición aguda (2.5%). La falta de alimentos y de una vivienda adecuada con todos los servicios básicos, es una problemática que está vinculada con estos niveles de desnutrición. Por lo cual se evidencia que con los desalojos se ha violado el derecho a alimentación.

  1. Violación al Derecho a la salud y a la educación

Muchos niños y niñas perdieron por lo menos un año de estudios luego del desalojo. Las familias sufren discriminación en los centros de salud y la niñez recibe insultos y burlas en las escuelas “por ser invasores”.

Más de una cuarta parte de la población desalojada ha sufrido enfermedades luego del desalojo, principalmente gastro-intestinales, respiratorias y anemia. Se reportan 37 casos de fallecimiento. De estos la mayoría son por violencia (15); también por enfermedad (6) y por accidente (6). Las comunidades reportan tres casos de muerte por desnutrición y dos por suicidio.

  1. Violación al derecho a la vida y la integridad física

Las comunidades siguen sufriendo constantes amenazas y agresiones por el Ingenio, antes de la familia Widmann, y ahora del Grupo Pellas, de Nicaragua. De las muertes ocurridas durante y después del desalojo, se destaca tres asesinatos en lo que se vincula a la seguridad del ingenio Chabil Utzaj. Se trata de la muerte de Antonio Beb Ac, Óscar Reyes y Margarita Chub Ché. En el desalojo fue detenido Manuel Xuk Cucul.

Aunque se ha investigado a los responsables, no ha habido justicia por estos hechos. Y la seguridad privada del ingenio sigue operando fuera de los terrenos de la finca para agredir y amenazar a las comunidades.

La violencia derivada de la falta de acceso a tierra en el Valle del Polochic es extensa Y existen otras muchas comunidades que han sufrido desalojos violentos y asesinatos, como los hechos ocurridos el 31 de mayo en Sepur Límite. Además, la comunidad Punto 15, la cual también ha sufrido desalojos en el territorio del Polochic, denuncia que uno de sus miembros fue atacado el 17 de junio del presente año, por dos guardias en motocicleta, que le dieron tres disparos.

LAS DEMANDAS.

El censo reflejó una serie de violaciones a los derechos de las comunidades Q’eqchi’ del Valle del Polochic. Ante esta realidad, se demanda al Gobierno cumplir el compromiso adquirido con la Marcha Indígena Campesina y Popular, en relación al acceso a la tierra, como un elemento central para recuperar su forma de vida y alcanzar un mejor nivel de bienestar.

Además se solicita tomar medidas para detener las acciones arbitrarias de la seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj y cumplir a cabalidad con las medidas cautelares dictadas por la CIDH el 20 de junio de 2011. Asimismo, se deben atender de manera inmediata la crisis alimentaria que viven las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic.

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le solicitamos mantener vigente las medidas cautelares y demandar al Estado de Guatemala su cumplimiento. Y para que esta entidad brinde mayor atención a esta grave situación, se solicita al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) una visita in situ, para corroborar todas las violaciones a los derechos humanos contra la población Q’eqchi’ del Valle del Polochic.

 

Colectivo de Estudios Rurales Ixim –CER-Ixim-, Comité de Unidad Campesina -CUC-, Fundación Guillermo Toriello -FGT-

Guatemala, 2 de julio de 2013

Información Adicional:

1. El 65% de las familias alquila vivienda –y paga entre Q150 y Q300 de alquiler-; 22% de familia está posando. El 99% de las familias tiene piso de tierra. 10% no tienen ningún servicio sanitario.

2. El salario promedio de las personas censadas es de Q300 (mientras el salario mínimo agrícola es de Q2,171.75). Se estima que el valor de la pérdida en los cultivos de maíz y frijol destruidos en siete de las comunidades desalojadas, asciende a Q7.2 millones. Eso equivale a una pérdida de Q21,800 por cada familia.

3. Del total de personas enfermas, menos de la mitad (402) dijo haber asistido a un centro de salud u hospital para ser atendido. El resto dijo que no asistió por falta de recursos (51%) o porque no son atendidos adecuadamente (21%).

4. El alimento primordial de la dieta familiar –las tortillas- es consumido tres veces al día sólo por el 44% de las familias. 52% lo consume dos veces al día.

5. Las cifras de desnutrición crónica severa en la niñez censada (21.8%) y los totales de desnutrición crónica (54%) superan los porcentajes del promedio nacional (21.2% y 49.8% respectivamente). Y si se hace la comparación con el promedio del departamento de Alta Verapaz (19% y 50.6%), también se observa mayor prevalencia. La niñez entre2 a 5 años presenta cifras de desnutrición arriba del 70%.

6. La situación de la población de 15 a 24 años, es que la mayoría de personas ha llegado a cursar algún grado de primaria. La mayoría llega hasta los grados de cuarto a sexto (38%), otros cursaron de primero a tercero (24%), mientras que el 27% de este grupo de personas no tiene escolaridad.

7. De las 657 familias entrevistadas, sólo 48 (7%) señalan ser beneficiarias del programa “Bono Seguro”. Esto contrasta con el dato de que 70% de los niños y niñas entre 6 y 17 años asiste a la escuela.

 

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