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Justicia deja sin efecto 10 órdenes de captura en el caso Santa Cruz Barillas

Rafael Gónzalez, Sergio Beltetón del -CUC-...
Carlos Bezares y Natalia Atz del CPO en conferencia de prensa

El juez, Luis Fernando Pérez Zamora, del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio Ambiente de Santa Eulalia, Huehuetenango, declaró DEFECTUOSA LA ACTIVIDAD PROCESAL de la diligencia de prueba anticipada celebrada ilegalmente el 6 de junio de este año, en donde participó la fiscal distrital de Huehuetenango Gilda Aguilar, quién de forma anómala tomó declaraciones de un testigo a favor de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A. cuyo nombre es Jaime Leocadio Velásquez.

 

 

Asimismo, la Sala Regional Mixta de Huehuetenango dio con lugar un amparo interpuesto en contra de dicha prueba anticipada, con lo que confirma la decisión del Juez Pérez Zamora.

 

La anulación de la declaración de Jaime Leocadio Velásquez también deja sin efecto las 10 órdenes de captura giradas en contra de líderes comunitarios de Barillas, pues el juez declaró que no existe fundamentos de hecho ni de derecho en contra de las diez personas contra las que pesaban dichas ordenes.

Cabe recordar al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional de que la convivencia pacífica de los habitantes de Santa Cruz Barillas fue irrumpida por la instalación de la Hidro Santa Cruz, S.A. en septiembre de 2008 y la muerte del compañero Andrés Francisco Miguel el 1 de mayo de 2012 por parte de guardias de seguridad de esa empresa.

Aunado a lo anterior, el Estado de Sitio decretado por el Gobierno de Otto Pérez Molina, el 1 de mayo, dejó secuelas nefastas en la salud mental de niños, mujeres y ancianos quienes fueron aterrorizados por la presencia de cientos de militares y policías.

Es importante hacer memoria a la sociedad guatemalteca de que el 23 de junio de 2007 el pueblo de Santa Cruz Barillas realizó su Consulta Comunitaria de Buena Fe en donde 46,479 personas dijeron No a los proyectos mineros e hidroeléctricos en su territorio, sin embargo el Gobierno no respetó la decisión del pueblo Barillense y autorizó en el 2008 el proyecto Canbalam I.

Para los movimientos populares que han acompañado a las comunidades que defienden el territorio de Santa Cruz Barillas es importante esta resolución y consideramos que es un primer paso para que los presos políticos acusados de nueve delitos por oponerse a la empresa Hidro Santa Cruz, S.A. entre ellos el de terrorismo, sean procesados en el marco de la legalidad y objetividad de la Ley.

Exigimos a las autoridades judiciales y operadores de justicia de Guatemala a actuar con honestidad, imparcial y objetivamente en los casos judiciales que implican a comunidades indígenas y rurales que defienden el territorio, los bienes naturales y la Madre Tierra.

A las organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, hacemos un llamado a estar vigilantes del proceso judicial que se lleva en contra de los 11 presos políticos de Santa Cruz Barillas.

El proyecto Canbalam I de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A. ha dado los siguientes datos negativos para la población de Santa Cruz Barillas:

1 muerto (el compañero Andrés Francisco Miguel).

2 heridos de bala (Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé)

11 detenidos, acusados por el Ministerio Público de delitos como,terrorismo, delitos contra las vías públicas e incendio agravado.

Y 23 órdenes de captura vigentes en contra líderes comunitarios.

¡No a la minería, no a las hidroeléctricas… sí a la vida!

Comité de Unidad Campesina –CUC- Consejo de Pueblos de Occidente-CPO-

Guatemala, 18 de septiembre de 2012

 

 

 

 

 

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