POSICIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS INTEGRANTES DE LA CAMPAÑA “VAMOS AL GRANO” Ante el III Foro Parlamentario contra el hambre en Latinoamérica y el Caribe

Más de 60 parlamentarios y miembros de la sociedad civil de 19 países están reunidos en la Ciudad de Guatemala para debatir y conocer las experiencias legislativas que buscan facilitar el acceso de la población a una alimentación sana y adecuada en los países de la región.

A ocho meses del nuevo gobierno, los programas sociales –Hambre Cero, Triángulo de la Dignidad, Mi Bolsa Segura, la Ventana de los 1000 días y la Estrategia de las Dos Puertas—, sólo evidencian la continuidad de políticas paliativas y clientelares. Desde que la problemática social y política del hambre se reconoció como problema de política pública con el llamado “Corredor Seco”, ésta no ha hecho sino crecer y extenderse. Para el año 2011 el PMA anunciaba ya que el 54.5 % de niños y niñas padecían desnutrición crónica.

Frente a esta profunda problemática social, el sector empresarial ha lanzado programas como “Yo tengo algo que dar”, que lejos que abordar la problemática de fondo, son asistencialistas y contribuyen a la evasión del pago de impuestos, mientras el hambre sigue creciendo y extendiéndose entre sectores cada vez más amplios de la población guatemalteca.

Desde nuestra perspectiva, es urgente abordar el tema de la distribución y el acceso a los medios productivos, a la vez que frenar el acelerado acaparamiento de tierras, la imposición de políticas extractivas y la construcción de megaproyectos, todos los cuales están despojando a las comunidades rurales de sus tierras y bienes naturales, entregando a corporaciones extranjeras la soberanía nacional y dejando en el abandono a gran cantidad de la población del país.

La oferta de empleo y de buenos salarios de parte de las empresas agroindustriales y mineras no se ha verificado. El salario mínimo, que debería permitir a las familias acceder a los alimentos básicos, en realidad no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, menos aún de la Canasta Básica Vital. Aún así, en el agro la gran mayoría de los empresarios y finqueros no paga ni siquiera el salario mínimos establecido por ley.

De continuar el avance de los monocultivos, el despojo de tierras y bienes naturales, y la imposición de políticas neoliberales, es previsible en el futuro cercano un panorama de más hambre, desnutrición, enfermedad y muertes. La situación, pues, alcanza niveles verdaderamente alarmantes y límites.

Ante ello, organizaciones campesinas e indígenas, miembros de la Campaña “Vamos al Grano”, pedimos a los parlamentarios de Latinoamérica y el Caribe que discuten los problemas del hambre en el país y la región, apoyándose en valiosas experiencias en sus respectivos países, que recomienden como acciones prioritarias a adoptarse en nuestro país:

La promoción de cambios estructurales en el agro guatemalteco, que impulsen una Reforma Agraria Integral que garantice la producción de alimentos, impulse el empleo decente y aporte al desarrollo nacional.

Que de urgencia nacional, el Congreso de la República de Guatemala apruebe la Iniciativa de Ley 40?84 del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que revalorice y priorice el apoyo y la inversión pública orientada a las economías familiares campesinas e indígenas y pequeños productores rurales.

Guatemala, 31 de Agosto de 2012.

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