Criminalización y persecución política del movimiento indígena, campesino y popular guatemalteco

Recientemente líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas denunciaron que el Ministerio Público ha solicitado 28 órdenes de captura en contra de hombres y mujeres que siguen defendiendo su territorio en contra de las hidroeléctricas y minería.

El MP les acusa de los delitos de “robo agravado y detenciones ilegales”, demostrando una vez más que las instituciones de seguridad y justicia del Estado, únicamente, velan porlos intereses de las empresas extractivas y violan el derecho de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

 

Asimismo los jueces que conocen el proceso de los 9 presos políticos, arrestados por los hechos del 1 de mayo en Barillas, están obstaculizando el trabajo de la defensa jurídica de los líderes comunitarios; actuando totalmente a favor de la empresa “Hidro Santa Cruz”, pretendiendo sacar a los abogados defensores del proceso penal y realizando “pruebas anticipadas de declaración de testigos” sin justificación; haciendo de la fase de investigación un proceso sumarial e inquisitivo sin que la defensa pueda tener la oportunidad de cuestionar dichos testigos, es decir, sin citarlos para que les formulen preguntas.

De esta manera se pretendió liberar a los sindicados del asesinato del compañero Andrés Francisco Miguel y preparar una sentencia condenatoria para los compañeros sindicados de 9 delitos, incluyendo “terrorismo”.

Además del caso Barillas existen anomalías en procesos penales en contra de líderes comunitarios de Alta Verapaz ySanta María Nebaj, Quiché en donde los fiscales auxiliares Jorge Ruiz y Ruiz y Benjamin Cruz Velasco actúan de formaracistas, discriminatoria y prepotente, evidentemente parcializados a favor de los finqueros por lo que solicitamos su destitución. En el caso de Playa Grande Ixcán la fiscalía del MP y el juez de primera instancia penal defienden los intereses del diputado Estuardo Galdámezquien pretenden desalojar a comunitarios de ese territorio.

Denunciamos entonces que el MP ha utilizado delitos penales que no se han cometido, con el único objetivo de afectar al movimiento indígena, campesino y popular que defiende su territorio de la explotación minera, hidroeléctricas y monocultivos.

Durante la administración del presidente Alvaro Colom se persiguió dirigentes del Comité de Unidad Campesina CUC, a líderes de las comunidades de San Juan Sacatepéquez entre otros.

Con este gobierno se ha profundizado aún más la política de represión, criminalización y persecución penal en contra de los pueblos indígenas y ladinos pobres diseñada por la oligarquía para que tenga libertad de explotar nuestros territorios, nuestra Madre Tierra y nuestros bienes naturales con el apoyo del gobierno militar de Otto Pérez Molina.

Denunciamos ante la población guatemalteca y la comunidad internacional que en estos momentos la política de “mano dura” se esta aplicando en contra de los pueblos originarios, movimientos indígenas campesinos y populares. Están rompiendo nuestra armonía de vida y quieren desarticular nuestra organización para saquear nuestras riquezas.

Por eso exigimos a la fiscal general del MP, Claudia Paz y Paz, que implemente un código de ética y llame al orden a sus fiscales distritales para que no respondan a la política represiva y criminal del gobierno ya que estamos completamente seguros de la complicidad de los fiscales con las empresas transnacionales que explotan nuestros bienes naturales.

Demandamos a la Fiscal General ser fiel a los principios humanitarios que la hicieron acreedora a esta función y a mantener un criterio objetivo que debe de extenderse a todos los fiscales, especialmente en el caso de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango en donde es claro y manifiesto el respaldo a la empresa denunciante.

A los jueces exigimos aplicar la ley imparcialmente y que no obstaculicen el acceso a la justicia para los pueblos originarios y de pocos recursos económicos de este país.

Al Presidente de la República exigimos que deje de criminalizar y perseguir a la población indígena y ladinos pobres del área rural que defienden los bienes naturales, la Madre Tierra, sus territorios, sus derechos humanos y colectivos y por ende que defienden la vida de la humanidad.

¡Los pueblos originarios exigimos respeto a nuestros derechos colectivos y a nuestra libre determinación económica, política y social!

Comité de Unidad Campesina –CUC-

¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo!

Miembro activo de la CLOC-Vía Campesina y Waqib´ Kej

 

Guatemala, 03 de agosto de 2012

 

Artículos al azar

Síguenos en

Buscar

CUC TV

© 2017 Derechos Reservados - Comité de Unidad Campesina - CUC -