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POSICIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA MARCHA INDÍGENA, CAMPESINA Y POPULAR ANTE LAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO DEL 15 DE JUNIO

Producto de la Marcha Indígena, Campesina y Popular, se han tenido logros, pero también tenemos una serie de preocupaciones que a continuación expresamos.

1.Nos preocupa la forma en que fueron presentada las respuestas ya que se sigue la misma ruta del gobierno de Colom: empezar con comisiones de alto nivel y terminar mandando las respuestas por correo electrónico a los testigos de honor. Consideramos que es una falta de respeto y de seriedad hacerlo de esta manera.

2.Hay estancamiento en los tema extractivo y de militarización; temas que son los que están generando una alta conflictividad social y que el gobierno se niega a resolver. Nuestra posición sobre estos dos temas es:

 

Sobre el tema extractivo y construcción de hidroeléctricas:

 

Cuando el gobierno autoriza, licencias de exploración y explotación minera o de construcción de hidroeléctricas, como lo ha venido haciendo, rompe con el Estado de Derecho ya que viola los artículos de la constitución que establecen la protección a las tierras indígenas, viola el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales de derecho. Además con esta violación generan conflictividad social que posteriormente reprimen de forma racista y discriminatoria porque está dirigida en contra de la población de pueblos indígenas, mientras las empresas que actúan violando la ley, son recompensadas.

 

Sobre la militarización:

El Gral. Pérez Molina está llevando al país a una situación de militarización y es claro que mintió al la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al decir que la presencia militar sería temporal. En su respuesta está dando a conocer que la presencia militar será permanente.

La ubicación de la brigada militar en San Juan Sacatepéquez será en una finca que colinda con la cementera, lo que hará que el dispositivo de seguridad abarque también la cementera, poniendo al ejército al servicio de intereses privados.

El gobierno está contribuyendo al aumento de la conflictividad social con los patrullajes que ya está haciendo en comunidades de San Juan Sacatepéquez, específicamente en las comunidades de Loma Alta, Cruz Blanca, El Pilar I y Santa Fe Ocaña. Además se instaló un destacamento militar en San Juan Cotzal donde hay un conflicto con la empresa ENEL. Responsabilizamos al gobierno actual de las violaciones a los derechos humanos que se puedan desarrollar por parte de los militares.

La presencia militar en comunidades donde no se han cerrado las heridas de la guerra, genera temor, lo que de hecho limita el ejercicio de diversos derechos humanos. Además, en la práctica, el ejército sustituye a las autoridades civiles al asentarse en un municipio y actuar donde hay conflictos sociales, lo que está en contra de lo establecido en el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

Con relación al resto de temas planteamos lo siguiente:

1.En relación a la deuda agraria:

Valoramos que haya una condonación total de la deuda Chortí que beneficia a varios cientos de familias.

En relación a la deuda agraria por créditos otorgados por medio del fideicomiso del Fondo de Tierras; mantenemos nuestro planteamiento de que el subsidio debe ser colectivo y dirigido al capital, porque el tratamiento en relación a los intereses y mora ya era una decisión tomada por el Fondo de Tierras. Incluso consideramos que se debe de hacer un nuevo avalúo por todas aquellas fincas que fueron sobre valoradas y se deduzca responsabilidades legales correspondientes hacia quienes permitieron esa sobrevaloración.

Rechazamos que fincas con deuda agraria sean desalojadas o haya una amenaza de desalojo, como en el caso de la Finca El Esfuerzo en Suchitepéquez.

2.Con relación a la conflictividad agraria:

Consideramos un avance que exista el compromiso de otorgar tierras, cada año, a 300 de las familias desalojadas en el Valle del Polochic, con la precisión de que esa ubicación debe ser en el mismo valle; igual valoramos el reconocimiento de la cédula real de Santa María Xalapán y el escrituramiento de tierras a favor de 500 familias de La Sierra de Chinajá. Esperamos que el gobierno cumpla con estos compromisos y mantendremos el seguimiento a la forma como se cumplirán los mismos.

Mantenemos nuestro planteamiento de que la Finca 8 de Agosto, por ser tierras nacionales, debe ser adjudicadas a las familias que actualmente se encuentran allí.

En relación a las comunidades de la Sierra de las Minas, se valora que se reconozca el derecho de 12 comunidades, sin embargo, preocupa que sobre 8 comunidades no se plantee solución e incluso existe orden de desalojo en contra de la comunidad El Zapote. Por lo tanto demandamos que se suspenda la orden de desalojo y se busque solución a las 8 comunidades que el gobierno reconoce que tienen limitante de efectuar medida legal.

Finalmente, la Marcha Indígena, Campesina y Popular se realizó ante la falta de respuesta por parte de la institucionalidad territorial y nacional. El mismo gobierno reconoció que las demandas planteadas son justas y no han sido abordadas. El presidente se comprometió a dar respuesta a nuestras demandas.Queda una serie de demandas que no han sido abordadas y ahora el gobierno está planteando que sean abordadas por la institucionalidad territorial correspondiente o cuando se apruebe la ley de desarrollo rural.

Rechazamos esta posición ya que el gobierno está regresando el abordaje de la problemática a instancias que durante años no han dado respuesta por lo que el aceptar esto constituye un retroceso y una bofetada a las miles de personas que durante 9 días caminamos de Cobán hasta la Ciudad Capital.

En relación a los problemas estructurales vinculados al desarrollo rural, recordamos que es algo que venimos planteando desde hace 12 años. Plantear que se retomen cuando sea aprobada le ley, cuando su partido hizo retroceder el proceso de aprobación de dicha ley, es dejar para un período incierto, temas urgentes que requieren respuestas inmediatas.

 

20 de junio de 2012.

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