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Comunidad q´eqchí sufre tercer atentado por grupo armado de la empresa Chabil Utzaj

 

Las familias q´eqchies que habitan en las orillas de la finca Paraná, del municipio de Panzós, Alta Verapaz, fueron víctimas de amenazas de muerte e insultos por 18 hombres que portaban escopetas y escuadras al cinto. Los desconocidos empezaron a actuar en contra de los comunitarios desde ayer, y hoy, aproximadamente a las ocho de la mañana, llegaron nuevamente acompañados de unos 60 cuadrilleros y patrullas de la Policía Nacional Civil a destruir los cultivos de maíz y frijol de las campesinas y campesinos.

 

 

Asimismo fueron amenazados de muerte los integrantes de la comisión de salud que esta realizando un diagnostico sobre la situación crónica de desnutrición en las 14 comunidades desalojadas en marzo, y que llegaron a eso de las 13:30 horas a la comunidad de Paraná para atender la emergencia: “si ustedes no se van, se van a morir todos juntos, con los campesinos” les gritaron los hombres fuertemente armados.

Consideramos que estos actos violentos son desafiantes para las organizaciones indígenas y campesinas, así como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictó, el 20 de junio, Medidas Cautelares a favor de las 14 comunidades desalojadas en marzo.

No es casual que ahora que un grupo de abogados y dirigentes campesinos están reunidos en la cede central de la CIDH en Washington, dando testimonio de los desalojos violentos de marzo, cometidos por la empresa Chabil Utzaj, la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Ministerio Público, se reactive la violencia en contra de las comunidades campesinas asentadas a la orilla de las tierras de las que se quieren adueñar las familias Widdman y Pellas puesto que la CICIG denunció en su ocasión que los registros de esas fincas, anteriores al año 2005, fueron desaparecidas.

Las familias de las 14 comunidades desalojadas en marzo, están padeciendo efectos negativos por el impacto psicosocial sufrido durante los desalojos, están afectados por la hambruna, la insalubridad, la criminalización y el rechazo departe de las autoridades gubernamentales, locales y nacionales.

Además el terror y violencia en contra de ellas no cesa, el 10 de agosto fueron heridas con bala tres personas. El 4 de junio de este año fue asesinada Margarita Che, lideresa de esta comunidad.

Las denuncias de estos hechos han sido puestas por el Comité de Unidad Campesina ante el Ministerio Público, así como recursos de exhibición personal a favor de las víctimas ante los juzgados de paz de Panzós, La Tinta y Cobán, sin embargo no se han obtenido resultados positivos.

Las instancias del Estado están favoreciendo a los empresario y terratenientes y actuando en contra de las 800 familias desalojadas, por ello no han querido acatar las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y están enviando a elementos de la Policía Nacional Civil en resguardo de los grupos armados que atacan a las campesinas y campesinos que están resistiendo y luchando por accesar a un pedazo de tierra para la siembra de maíz y frijol.

Descrita la situación de terror, hambruna e insalubridad en la que están viviendo las 800 familias desalojadas especialmente los habitantes de la comunidad Paraná exigimos lo siguiente:

    1. A la fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, que investigue y desmantele a los grupos armados que están atacando a las familias q´eqchies.
    2. A los jueces y al Ministro de Gobernación, Carlos Menocal que no se criminalice la lucha por el acceso a la tierra de las campesinas y campesinos.
    3. Investigar la certeza jurídica de las más de 5 mil hectáreas de las que dicen ser dueños las familias Widdman y Pellas, antes de ordenar acciones en contra de las familias campesinas.
    4. Al Estado exigimos que detenga el manto de impunidad que beneficia a los agresores de las familias violentadas.
    5. A la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), exigimos que cumpla con las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH a favor de las 800 familias desalojadas violentamente en marzo.
    6. A las organizaciones indígenas, campesinas y demás movimientos populares instamos a seguir exigiendo respeto a la vida y derechos humanos de las familias que lucha por el accedo a la tierra en el Valle del Polochic y continuar con la denuncia de los hechos violentos hasta que el Gobierno asuma su responsabilidad en el asunto.

¡El acceso a la tierra es un derecho de las campesinas y campesinos y el gobierno es el obligado a facilitar ese proceso!

¡Exigimos justicia para las familias q´equchies, exigimos respeto a la vida!

Comité de Unidad Campesina -CUC-

Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo

Miembro activo de la CLOC-Vía Campesina y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqi´b Kej.

Guatemala, 27 de octubre de 2011

 

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