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Caso regadío: criminalización de la legítima defensa

 

Una vez más la justicia beneficia a los empresarios y a los que abusan del poder.

El 5 de marzo se realizó, en el juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Nebaj, Quiché, la audiencia para el auto de procesamiento y revisión de la medida de coerción por el “caso regadío”, en donde tanto la defensa del preso político Felipe Gutiérrez como el Ministerio Público solicitaron reformar los delitos, pero el Juez se negó a conocer el caso aduciendo que no era el momento para hacerlo.

 

Se solicitó al juez cambiar los delitos de robo agravado, homicidio en grado de tentativa y detenciones ilegales, por robo de uso y lesiones leves, tomando en cuenta que las pruebas presentadas por los querellantes en contra de los sindicados provisionalmente Felipe Gutiérrez, Obdulio Cifuentes, Tomás Chávez y Juan Chávezno fueron suficientes.

Cómo ocurrió el hecho

El 27 de noviembre del año 2011 el campesino Rogelio Urízar se dirigía a la aldea Los Regadíos de Uspantán cuando fue intimidado con disparos que realizaron guardias de seguridad de la finca agrícola San Francisco Cotzal S.A., cuyo accionista mayoritario es Pedro Brol, terrateniente al cual miles de comunitarios de la zona reina de Quiché acusan de haberse apropiado ilegalmente de sus tierras.

Al enterarse del hecho, los habitantes de Los Regadíos se organizaron y fueron a solicitar al administrador de la finca que ordenara a sus agentes dejar de intimidar a las campesinas y campesinos porque no era la primera vez que sucedía.

Sin embargo, los vecinos fueron rodeados por 15 agentes que portaban armas cortas y largas. Diego Uz Barrera, uno de los guardias, apuntó en la cabeza a una mujer por lo cual los y las campesinas decidieron quitarle el arma al agresor, en defensa propia, no sin antes diciéndole que entregarían la misma a las autoridades públicas de Santa Cruz del Quiché.

Dos días después el arma -una escuadra 9 milímetros- fue entregada en compañía de delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la fiscalía del Ministerio Público en la cabecera departamental del Quiché.

Por ese caso, cuatro líderes comunitarios están siendo acusados de los delitos antes descritos. Sin embargo el MP dijo que la intención de las y los campesinos no era apropiarse del arma sino desarmar al guardia que los amenazaba.

Por otro lado, no existe el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que la herida que presentó el agente y por la cual reza dicha acusación, era de uno por tres milímetros. Al mismo tiempo es imposible que esta herida pusiera en riesgo su vida y todo parece indicar que no fue causada con arma blanca (machete), como lo afirman los querellantes.

Consideramos entonces que otra vez se está retardando la justicia para las comunidades indígenas y campesinas, al mismo tiempo que se está beneficiando a los grandes terratenientes y a sus guardias de seguridad, que valiéndose de sus armas amenazan y agreden a su antojo a las personas.

Casos como estos los han vivido también comunidades del Valle del Polochic, en Panzós, Alta Verapaz.

Exigimos que la justicia se aplique sin sesgo alguno porque todos, ricos y pobres, tenemos derecho a la misma.

No más persecución, no más criminalización a la lucha indígena y campesina.

No más presos políticos…exigimos la liberación de Felipe Gutiérrez.

 

Comité de Unidad Campesina -CUC-

¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo!

 

Miembro de la Coordinación y Convergencia Maya Waqib´ Kej y la CLOC-Vía Campesina en Centroamérica.

 

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