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Exigen al gobierno detener desalojos en serie y ordenes de captura de dirigentes y líderes comunitarios

(De derecha a izquierda), Rafael González, Magdalena Zarat y César Bol, integrantes de la CLOC-Vía Campesina, Guatemala se pronunciaron en contra de los desalojos violentos, la criminalización de la lucha indígena y campesina y la persecución de dirigentes y líderes comunitarios, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales.

"Qué el gobierno investigue a fondo la certeza jurídica de las tierras en donde estaban ubicadas 800 familias q´eqchies" y de cuyas fincas alega ser dueña la familia Widmann, solicitaron organizaciones indígenas y campesinas que integran la CLOC-Vía Campesina, Guatemala.

También rechazaron y condenaron la política de desalojos, órdenes de captura en contra de líderes comunitarios y la criminalización de la lucha campesina que declaró el gobierno el 17 de los corrientes.

Ante la serie de desalojos violentos llevados a cabo en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, del 15 al 22 de marzo, exige al Gobierno cumplir con el protocolo de Naciones Unidas, en cuyo contenido se aprecia que las familias desalojadas forzosamente deben recibir del gobierno los servicios básicos como alimento, agua, medicina y vivienda.

La Vía Campesina-Guatemala también demanda al Gobierno de Guatemala detener los 1500 desalojos que tiene planificado ejecutar en todo el país, esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras).

Asimismo demandan parar las órdenes de captura en contra de dirigentes de organizaciones sociales y líderes comunitarios, por ejemplo, se mencionó que en contra del compañero Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, existe más de una decena de denuncias en el Ministerio Público, 20 órdenes de captura en contra de comunitarios del área Ixil, Quiché y otros más en contra de líderes del Valle del Polochic.

También llamaron la atención al gobierno por haber congelado todos los espacios de diálogo con las organizaciones indígenas y campesinas, ya que esa actitud se constituye en un claro ejemplo de que el organismo ejecutivo no quiere encontrarle una solución concreta a la conflictividad agraria existente en el país.

 

 

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