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El día de ayer, como ya se ha convertido en política del gobierno militarista de Pérez Molina, la policía y el ejército irrumpieron en San Rafael las Flores para intervenir en un conflicto social generado por la penetración de la empresa Minera San Rafael S.A. subsidiaria de Taohoe Resoucer Inc. en ese municipio.

Rafael Gónzalez, Sergio Beltetón del -CUC-...
Carlos Bezares y Natalia Atz del CPO en conferencia de prensa

El juez, Luis Fernando Pérez Zamora, del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio Ambiente de Santa Eulalia, Huehuetenango, declaró DEFECTUOSA LA ACTIVIDAD PROCESAL de la diligencia de prueba anticipada celebrada ilegalmente el 6 de junio de este año, en donde participó la fiscal distrital de Huehuetenango Gilda Aguilar, quién de forma anómala tomó declaraciones de un testigo a favor de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A. cuyo nombre es Jaime Leocadio Velásquez.

El 24 de Agosto de 1994 fueron masacrados los trabajadores: EFRAIN RECINOS GOMEZ, BASILIO GUZMAN JUAREZ Y DIEGO OROZCO, por las fuerzas represivas del estado, seguridad privada y empresarios de la región en la Hacienda San Juan Horizonte, Empresa La Exacta, propiedad de los hermanos: ALVARO ANDRES BLANCO AGUIRRE Y CARLOS ENRIQUE BLANCO AGUIRRE, ya que el 17 de Julio del mismo año los trabajadores y trabajadoras ocuparon pacíficamente las instalaciones de dicha finca, producto de la violación a sus derechos laborales. Después de agotar todas la vías legales para lograr que los propietarios cumplieran con sus obligaciones, lo cual nunca fueron escuchados, al contrario iniciaron los despidos sin pagarles sus prestaciones laborales, la respuestas de las autoridades Estatales y los empresarios fue la represión, desalojándolos violentamente, utilizando un plan llamado PLAN MONTAÑA, como si se tratara de terroristas, donde participaron la Policía Nacional, el Ejército y Policía privada SERSESA, con el apoyo de empresarios de la región, entre ellos los Campoyo, en donde fueron asesinados 3 compañeros , 11 heridos y 46 capturados, mas otro compañero que fue asesinado 20 días después y hasta la fecha no se ha logrado que dicha empresa cumpla con sus obligaciones y que las autoridades estatales cumplan su función, puesto que los asesinatos y represión durante el desalojo se mantiene en la impunidad.

Más de 60 parlamentarios y miembros de la sociedad civil de 19 países están reunidos en la Ciudad de Guatemala para debatir y conocer las experiencias legislativas que buscan facilitar el acceso de la población a una alimentación sana y adecuada en los países de la región.

A ocho meses del nuevo gobierno, los programas sociales –Hambre Cero, Triángulo de la Dignidad, Mi Bolsa Segura, la Ventana de los 1000 días y la Estrategia de las Dos Puertas—, sólo evidencian la continuidad de políticas paliativas y clientelares. Desde que la problemática social y política del hambre se reconoció como problema de política pública con el llamado “Corredor Seco”, ésta no ha hecho sino crecer y extenderse. Para el año 2011 el PMA anunciaba ya que el 54.5 % de niños y niñas padecían desnutrición crónica.

Las ocho Comunidades Indígenas Ancestrales Q´eqchís de la Sierra Santa Cruz, Izabal hemos sido usurpados de 246 caballerías de tierra en la Sierra Santa Cruz, Izabal, por personas particulares y sociedades anónimas con el consentimiento de funcionarios públicos.

Estos hechos anómalosfueron denunciados ante la Procuraduría General de la Nación en el año 2008 sin embargo esta instancia del Estado hizo caso omiso a nuestra denuncia, haciendo una investigación parcial y dejando engavetado las pruebas, y mostrando debilidad ante las personas sin escrúpulos que se adueñaron de esas tierras.

Recientemente líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas denunciaron que el Ministerio Público ha solicitado 28 órdenes de captura en contra de hombres y mujeres que siguen defendiendo su territorio en contra de las hidroeléctricas y minería.

El MP les acusa de los delitos de “robo agravado y detenciones ilegales”, demostrando una vez más que las instituciones de seguridad y justicia del Estado, únicamente, velan porlos intereses de las empresas extractivas y violan el derecho de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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