Más de 100 familias indígenas y campesinas de la comunidad Palmeras de Cuyotenango, Suchitepéquez serán desalojadas el 3 de diciembre del presente año, por orden del juez de Primera Instancia Penal del mencionado departamento. El juez autorizó esta acción a pesar de existir una mesa de diálogo, entre comunitarios e instituciones que tienen que ver con acceso a tierra, para la búsqueda de una solución legal.

Las fuerzas represivas del Estado y los trabajadores de los Ponce Leal, que desalojaron a 18 familias Maya Q´eqchi´ de la comunidad San José El Tesoro, Cobán, Alta Verapaz, mataron los animales de patio, se robaron paneles solares y otras pertenencias de los compañeros campesinos que con lujo de fuerza fueron hechados a la calle, el 9 de octubre del presente año.

#NoAlEstadoDeSitio señores diputados/as la conflictividad que han generado empresas productoras de monocultivos y explotación minera en El Estor, Izabal, merece una atención seria en donde se tomen medidas de Estado que respete y cumplan con los derechos de la población. El estado de Sitio que quiere imponer el señor Jimmy Morales no tiene la intención re resolver la conflictividad y menos llevar paz a ese territorio, por el contrario, restringe derechos a la población, para que los que han generado la conflictividad operen sin ningun obstáculo, así que les exigimos que #NoApruebenElEstadodeSitio y exijan un plan de seguridad para El Estor, en donde se respeten los derechos de la población y se incluya el desarrollo de las familias Maya Q´eqchi´....

18 familias Maya Q´eqchi´ de la comunidad San José El Tesoro del municipio de Cobán, Alta Verapaz, están siendo desalojadas por las fuerzas represivas del Estado (Policía Nacional Civil, PNC, Ministerio Público, MP, Procuraduría General de la Nación, PGN, y Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Copredeh). Estos trabajadores públicos están accionando sin notificar previamente a la comunidad. De acuerdo con líderes comunitarios del lugar, la PNC, solo les dijo que se salieran y empezaron a destruir las viviendas, sin mostrar ni entregar copia de la orden judicial.

Al concluir ese desalojo, posiblemente se llevarían a cabo nuevos desalojos en las comunidades Río Cristalino y Cubilguitz. El caso de Río Cristalino es relevante, porque la mayoría de sus habitantes, adultos, tiene orden de captura, es decir, las mujeres y hombres cabeza de hogar podrían ser capturados y sus hijos e hijas podrían quedar desamparadas, al llevarse a cabo un desplazamiento forzoso en ese lugar.

Estas acciones de parte del Estado y encabezada por funcionarios de los organismos Ejecutivo y Judicial responden a intereses de finqueros, de empresarios y de ganaderos. Basta recordar que recientemente Jimmy Morales se comprometió con la Gremial de Palmeros hacer valer el estado de derecho a su favor. También recientemente el Congreso de la República benefició con una ley que exonera y da beneficios fiscales al sector ganadero del país. Asimismo, durante el decreto del Estado de Sitio, Morales, aseguró que iría tras las organizaciones y personas que defienden el territorio y la Madre Tierra; un mensaje de odio y ataque a las personas defensoras de derechos fundamentales en nuestro país.

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