EL DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTÁ POR ENCIMA DE LA PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES

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En marzo del 2011 el gobierno de Colom desalojó a 14 comunidades Q’eqchi’s en el Valle del Polochic. Esos desalojos fueron producto de la concentración de tierras por parte del ingenio Chabil Utzaj, en ese entonces, propiedad de la familia Widman, que las compró a terratenientes que habían despojaron a familias mayas q’eqchi’s de su tierra.

 

 

En Junio del 2011, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución donde planteaba el otorgamiento de medidas cautelares en 4 aspectos fundamentales: alimentación, salud, albergue y seguridad. Esta responsabilidad la heredó el gobierno de Pérez Molina del gobierno anterior. A la fecha, el gobierno del PP tampoco ha cumplido con las medidas cautelares.

 

El gobierno de Pérez Molina entregó únicamente en dos ocasiones alimentos y desde entonces se ha desatendido de los niños, mujeres, ancianos y hombres que no tienen garantizada su seguridad alimentaria; no se ha atendido la salud de las familias desalojadas, incluyendo los que salieron golpeados y heridos, no garantizó el albergue, ni la seguridad física de estas familias.

 

Esta situación es una de las razones que nos motivó para que en marzo del año pasado, realizáramos la Marcha Indígena, Campesina y Popular que salió desde Cobán hasta llegar a la ciudad capital. Fruto de esa marcha, el gobierno se comprometió a entregar tierra, para noviembre del 2012, a las primeras 300 familias, para el 2013 entregaría a otras 300 y en el 2014 se dotaría de tierra a 200 familias.

 

Denunciamos que el gobierno no ha cumplido su compromiso, primero ofreció fincas no productivas, posteriormente las familias ubicaron fincas adecuadas, sin embargo, la Secretaría de Asuntos Agrarios se desentendió del proceso y lo trasladó a FONAPAZ donde se enfrentaron atrasos y evasión de responsabilidades. Ahora con la cancelación de FONAPAZ, el proceso queda en el aire.

 

Nuevamente las familias Q’eqchi’s son engañadas por este gobierno, a pesar de que en agosto del año pasado reiteró su compromiso de entregar tierras productivas. Este gobierno está siguiendo el mismo camino de incumplimientos, al igual que sucedió con los gobiernos anteriores.

 

Exigimos que se defina cuál será la institución del gobierno que se encargará de concluir el proceso para la otorgación de tierras a las familias desalojas. También demandamos que se cumplan las medidas cautelares hasta que las familias puedan establecerse e iniciar la producción de sus alimentos. Las comunidades hemos tenido paciencia, pero esta paciencia se acaba. El gobierno será responsable de las medidas que las comunidades tomen si se sigue entrampando el proceso.

 

También denunciamos que el ingenio Chabil Utzaj, ahora en propiedad de la Familia Pellas de Nicaragua, sigue concentrando tierras y ha ampliado en al menos un 50% más las tierras dedicadas a la caña de azúcar, tierras que antes eran dedicas a la siembra de granos básicos para alimentar a las familias campesinas. Esta situación ha hecho que se reduzca la disponibilidad de granos básicos y ha elevado el precios de los mismos en la región.

 

Por eso rechazamos que la producción a los agrocombustibles, esté por encima del derecho a la alimentación. Exigimos que se respete el derecho a la alimentación y que se cumpla los acuerdos y compromisos ante la Marcha Indígena y Campesina.

 

 

Por el derechos a la vida y la alimentación, No a los agrocombustibles

 

 

 

Guatemala 16 de enero de 2013.