Hoy vence el plazo que la CIDH le dio al Gobierno de Guatemala para que informe sobre posibles desalojos en el Valle del Polochic. Mientras tanto organizaciones campesinas y demás movimientos populares dan 30 días hábiles al presidente Jimmy Morales para que implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, el cual busca que las campesinas y campesinos de esa área “pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización a agentes de su propio desarrollo económico y social”.


Comisión representante de organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres, presente en la segunda lectura de la iniciativa 40-84.

La iniciativa de ley número 40-84 conocida como Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral pasó su segunda lectura en el Congreso de la República, éste 2 de febrero de 2016. Sin duda alguna es un gran avance. No obstante, el diputado Orlando Blanco jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, propuso una moción privilegiada para que el proyecto de ley regrese a revisión y análisis de sus enmiendas en la Comisión de Agricultura del Organismo Legislativo.

La iniciativa de Ley 40-84 estará en la Comisión de Agricultura 10 días y será en ese espacio y tiempo que la población pobre del área rural junto con organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres tendrán que estar vigilantes para que el sector empresarial representado en la Cámara del Agro no le quite el espíritu a dicha iniciativa.

Una audiencia solicitada por el Ministerio Público (MP), para pedir la desestimación de la querella presentada por la “Asociación Liga Pro-patria”, el 8 de octubre de 2014, en contra de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC-, se llevará a cabo mañana (16 de junio de 2015), a las 13: horas, en el juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el ambiente de la ciudad capital.

La querella en donde se acusa falsamente a Pascual Hernández de cometer los delitos de:  coacción, Instigación a delinquir, violación a la Constitución y del delito de terrorismo, carece de elementos facticos o legales que posibiliten su investigación.

Ahora 20 caballerías están en manos de 221 familias

 

De lo que prometió el Gobierno de Guatemala a las familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic en marzo de 2011 poco se ha cumplido. Otto Pérez Molina, en reiteradas ocasiones ofreció que antes que terminara el actual periodo de Gobierno las 800 familias que tienen Medidas Cautelares tendrían tierra para producir y una vivienda digna. No obstante, hasta el momento, 221 familias han recibido tierra y más de 500 esperan que el Estado cumpla su promesa. Mientras tanto los comunitarios en acompañamiento del CUC deberán continuar exigiendo que la Institucionalidad agraria del país agilice los trámites para la compra de otras dos fincas, antes de que termine el actual periodo fiscal, para avanzar en la entrega de tierra a las familias maya Q´eqchi del Polochic.

El 10 de diciembre de 2015 se convirtió en un hito para 81 familias Maya Q´eqchí, de 14 comunidades desalojadas en El Valle del Polochic en marzo de 2011, ya que después de 4 años con 9 meses de ese lamentable hecho, se firmó la Escritura Pública en donde se les reconoce como propietarios de hecho y derecho, de unas 7 caballerías de tierra.

 

No más ejercito, no más masacres, no más trabajo forzoso, no más arbitrariedades. Es la interpretación que se hace de las manos pintadas sobre los dibujos que representan lo descrito arriba, en el mural que acompaña el “Monumento a la Paz y la Tolerancia” que se encuentra en el interior del cementerio municipal de Panzós, Alta Verapaz.

Y es que solo imaginar más de 35 cadáveres de hombres y mujeres Mayas Q´eqchi esparcidos por el parque central de Panzós, hace que a uno se le forme un nudo en la garganta y se le enchine la piel.

Hoy, se realizó la audiencia de admisibilidad o inadmisibilidad del incidente de declinatoria por incompetencia, derivada de la querella presentada por Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo en contra de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina -CUC-.

Este proceso judicial, en contra de Pascual Hernández, inició a principio del año 2013, por supuestos delitos de difamación, calumnia e injuria en contra de Méndez Ruiz.

Una audiencia en donde se ventilará uno de los casos jurídicos que involucra al dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- se llevará a cabo, mañana, en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.

La audiencia se deriva de un montaje y acusaciones falsas que la exfiscal distrital del Ministerio Público, Gilda Isabel Aguilar Rodríguez, hizo en contra del dirigente campesino, señalándolo de haber atentado contra su vida.

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