La imagen del hogar, los amigos/as, los vecinos, el Territorio en si, iba quedando atrás, mientras los vehículos avanzaban kilómetro a kilómetro.

En los ojos de las mujeres y niños se podía ver la ilusión que les causaba descubrir “la tierra prometida”.

Ha quedado grabada en nuestra mente, la imagen de niños y niñas de 3 a 12 años que junto a sus padres, preparados con sus pocas pertenencias a la orilla de la carretera, esperaban la llegada de los buses, eran las 2 de la madrugada del día 5 de agosto del presente año, fecha en que el gobierno, a marchas forzadas, se comprometió a trasladarlos a su nuevo hogar ubicado en el municipio de Cobán, a más de 200 kilómetros de su tierra natal, Panzós, Alta Verapaz.

El Gobierno dice que el 98.7% de los derechos de vía para el tramo carretero que conectaría la Carretera Interamericana con San Juan Sacatepéquez, específicamente con la finca San Gabriel, ya fueron adquiridos, según los funcionarios “cumpliendo con lo establecido en ley”, sin embargo se niegan a entregar esa información a más de 60 mil habitantes de las 12 comunidades del área occidental de San Juan que rechazan dicho proyecto público-privado.

Foto archivo: CUC. Inundaciones en la comunidad Chiquirines, La Blanca año 2010

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Comité de Unidad Campesina, CUC, y las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres, Colredes, de La Blanca, Ocós, San Marcos y Coatepeque Quetzaltenango, el río Pacaya se ha desbordado unos 225 metros y ha afectado las parcelas de las campesinas y campesinos que habitan en esos municipios.

En el Informe se señala que alrededor de 42 parcelas se han inundado y se teme que se hayan perdido los cultivos de las mismas. El CUC y las Colredes han declarado alerta naranja en esa región ya que si la intensidad de la lluvia sigue, en pocos días, se podrían inundar las comunidades enteras.

Contexto

El río Pacaya es utilizado por la empresa bananera BANASA, y la empresa palmera Palmas del Horizonte del Grupo Hame, entre otras, que en verano desvían el agua del río hacia sus sembradíos pero en invierno cierran sus quíneles para proteger su cultivo de las correntadas, provocando el desborde del río que afecta la plantación de las familias campesinas. https://www.youtube.com/watch?v=ezpTuFJKDgM

 

Líderes, de ambos sexos, de las ocho Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal demandan a la Corte de Constitucionalidad, CC, la nulidad plena de las inscripciones anómalas de sus tierras que hicieran empresas madereras, financieras y sociedades anónimas en el Registro General de la Propiedad.

La nulidad de esas inscripciones y el reconocimiento legitimo del derecho que tienen estas comunidades a la propiedad de la tierra se lo solicitan a la CC porque los magistrados de esa instancia tienen en su poder un Amparo presentado ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por los comunitarios en contra del Registro General de la Propiedad en el año 2012. Ver http://youtu.be/7bS52E617fs

El 5 de marzo de este año los líderes de las comunidades indígenas afectadas presentaron sus alegatos frente a los magistrados de la CC argumentando que históricamente esas tierras les pertenecen. Ver http://youtu.be/0AjhTHadO2Y

#Es un área montañosa de Guatemala con una extensión de más de 64 mil 300 hectáreas. Colinda al Norte con el departamento de El Petén, al Este con los municipios de Livingston y al Sur con El Estor, Izabal, y al Oeste con Chahal, Alta Verapaz.

Desde hace menos de tres décadas, empresas y personas particulares inescrupulosas se apropiaron ilegalmente de unas 246 caballerías de tierra en las partes denominadas técnicamente como: Distrito Jaluté y Distrito Cerro 1,019, ubicados en las partes media y Sur de la mencionada Sierra.

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