Ahora 20 caballerías están en manos de 221 familias

 

De lo que prometió el Gobierno de Guatemala a las familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic en marzo de 2011 poco se ha cumplido. Otto Pérez Molina, en reiteradas ocasiones ofreció que antes que terminara el actual periodo de Gobierno las 800 familias que tienen Medidas Cautelares tendrían tierra para producir y una vivienda digna. No obstante, hasta el momento, 221 familias han recibido tierra y más de 500 esperan que el Estado cumpla su promesa. Mientras tanto los comunitarios en acompañamiento del CUC deberán continuar exigiendo que la Institucionalidad agraria del país agilice los trámites para la compra de otras dos fincas, antes de que termine el actual periodo fiscal, para avanzar en la entrega de tierra a las familias maya Q´eqchi del Polochic.

El 10 de diciembre de 2015 se convirtió en un hito para 81 familias Maya Q´eqchí, de 14 comunidades desalojadas en El Valle del Polochic en marzo de 2011, ya que después de 4 años con 9 meses de ese lamentable hecho, se firmó la Escritura Pública en donde se les reconoce como propietarios de hecho y derecho, de unas 7 caballerías de tierra.

Hoy, se realizó la audiencia de admisibilidad o inadmisibilidad del incidente de declinatoria por incompetencia, derivada de la querella presentada por Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo en contra de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina -CUC-.

Este proceso judicial, en contra de Pascual Hernández, inició a principio del año 2013, por supuestos delitos de difamación, calumnia e injuria en contra de Méndez Ruiz.

Una audiencia en donde se ventilará uno de los casos jurídicos que involucra al dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- se llevará a cabo, mañana, en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.

La audiencia se deriva de un montaje y acusaciones falsas que la exfiscal distrital del Ministerio Público, Gilda Isabel Aguilar Rodríguez, hizo en contra del dirigente campesino, señalándolo de haber atentado contra su vida.

Una audiencia solicitada por el Ministerio Público (MP), para pedir la desestimación de la querella presentada por la “Asociación Liga Pro-patria”, el 8 de octubre de 2014, en contra de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC-, se llevará a cabo mañana (16 de junio de 2015), a las 13: horas, en el juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el ambiente de la ciudad capital.

La querella en donde se acusa falsamente a Pascual Hernández de cometer los delitos de:  coacción, Instigación a delinquir, violación a la Constitución y del delito de terrorismo, carece de elementos facticos o legales que posibiliten su investigación.

 

No más ejercito, no más masacres, no más trabajo forzoso, no más arbitrariedades. Es la interpretación que se hace de las manos pintadas sobre los dibujos que representan lo descrito arriba, en el mural que acompaña el “Monumento a la Paz y la Tolerancia” que se encuentra en el interior del cementerio municipal de Panzós, Alta Verapaz.

Y es que solo imaginar más de 35 cadáveres de hombres y mujeres Mayas Q´eqchi esparcidos por el parque central de Panzós, hace que a uno se le forme un nudo en la garganta y se le enchine la piel.

 

Con información de: Mario Acté, comunicador campesino.

Después de 4 años de los desalojos violentos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, 25 familias Q´eqchi de la comunidad Bella Flor decidieron regresar a las tierras de donde fueron sacadas con lujo de fuerza por la policía, el ejército y trabajadores del ingenio Chabil Utzaj.

De acuerdo con algunos líderes campesinos, el regreso de la comunidad es porque desde los desalojos violentos están alquilando, no tienen tierra para sembrar maíz ni frijol.

Por otro lado afirman, que el actual gobierno ha incumplido con el compromiso de dar tierra y un traslado digno a las 800 familias desalojadas. De esta cantidad de familias, solamente 140 han accesado legalmente a la tierra, vía el Fondo de Tierras, mientras que en el 2012 durante la Marcha Indígena Campesina y Popular, que se realizó de Cobán a la capital guatemalteca, el mandatario, Otto Pérez, dijo que en el 2014 las 800 familias tendrían tierra.

“Ayer (25-02-15), tuvimos una reunión con un representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios y nos dio una respuesta negativa, después de que el Presidente de la República se comprometió a solucionar nuestro problema”, explicó un campesino, que dijo ser representante de la comunidad.

De tal manera que las 25 familias de la comunidad Bella Flor responsabilizan al actual gobierno de las violaciones a sus derechos humanos que puedan sufrir por parte de la seguridad del ingenio CER Ixim Chabil Utzaj.

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