Un grupo de extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, ubicada a unos 6 kilómetros de Coatepéque, Quetzaltenango, habían planificado realizar un plantón pacífico (hoy),  frente a la entrada principal de dicho terreno, para exigir a los propietarios del inmueble (familias Campollo y Quintanal), que se responsabilicen por la violación de derechos laborales, cometido en contra de más de 250 exempleados de dicha finca.

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3 fincas más podrían entregarse este año si el gobierno cumple su compromiso

Rostros de hombres y mujeres que reflejaban alegría, satisfacción o quizá orgullo. Emociones encontradas para aquellos que vivimos y vimos la manera violenta en que éstas personas fueron desalojadas en marzo de 2011. Apretones de manos y palmadas en la espalda nos demostraron a los fuereños que las familias campesinas del Polochic no tienen empacho en mostrar su respeto, humildad, sencillez y cariño, eso les hace ser más humanos.

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15 mujeres han encontrado una alternativa para mejorar su situación de vida

De acuerdo con datos oficiales1, el 35.9 de la población de Chiché, El Quiché, vive en extrema pobreza. Datos generales demuestran que Quiché es el cuarto departamento más pobre del paí­s, con el 74% de pobreza. ¿Qué está haciendo el gobierno para cambiar esa situación? Es difícil responder a esa pregunta. Sin embargo existen familias Maya Quiché que han encontrado una alternativa para hacer frente a la precariedad.

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Al menos 40 defensoras y defensores de derechos humanos fortalecieron sus conocimientos

“La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos; respuestas jurídicas y políticas” fue el tema central del último taller de formación impartido por el Comité de Unidad Campesina –CUC- y Oxfam para personas que trabajan en pro de los derechos humanos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.

Según Irene Barrientos, responsable de ese proceso de formación a defensoras y defensores de derechos humanos, en Guatemala se criminaliza y se persigue penalmente a las personas que trabajan en defensa de su territorio y la Madre Tierra, y el pueblo Maya Q´eqchi no es la excepción.

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En el primer informe de la Instancia de Diálogos por el Agua, resultado de la consulta a unos 2500 líderes sobre el tema del agua, llaman la atención algunas de sus propuestas. Por ejemplo, “que la ley de aguas contenga sanciones económicas de un millón de quetzales a aquellas personas o empresas que contaminen o abusen del agua; que debe respetarse la normativa ya practicada por los pueblos indígenas autoridades ancestrales y autoridades comunitarias sobre el manejo sostenible de ese bien natural; que todas las actividades relacionadas con el agua deben contar con la participación y consentimiento previo e informado de las comunidades involucradas”. 

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De cumplirse los compromisos en el 2018 podría terminar el calvario para 578 familias que viven en condiciones paupérrimas.  

Un acuerdo marco en donde el Estado de Guatemala se compromete a dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2011, a favor de 14 comunidades Maya Q ´eqchí desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, fue firmado el pasado 10 de junio de 2016.  

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