En el marco de la atención a comunidades para enfrentar la actual pandemia del COVID-19, el Comité de Unidad Campesina ha entregado un kit de higiene a familias de algunas de las comunidades que integran el Valle del Polochic, en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

En el departamento de Alta Verapaz se realizaron las entregas en los municipios de Panzós y Senahú, en las comundiades de El Barrio La Nueva Santa María, El Recuerdo, Río Santa Cruz, Quinich, Río Frio, 8 de Agosto, Las Estrellas, La Calera, El Naranjo y Sepacay.

Familias indígenas y campesinas q’eqchi’s de la Comunidad Buena Vista Tz’inte’ en el Estor Izabal han sido violentadas e intimidadas por las fuerzas de seguridad y represivas del gobierno de Guatemala, ante la incursión de un contingente policial y militar de alrededor de 120 patrullas que llegaron para ejecutar una orden de allanamiento en la comunidad.

La orden de allanamiento fue girada por el Juez “B” Pluripersonal de Primera Instancia Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el ambiente del departamento de Izabal y como consecuencia de este acto, 28 familias fueron desalojadas de hecho ya que tuvieron que huir a la montaña.

Utilizando el mismo procedimiento con el que, en marzo del 2011, fueron desalojadas 14 comunidades en el Valle del Polochic, en esta ocasión, las fuerzas represivas policiales y militares que efectuaron esta incursión, fueron dirigidas por Oscar Orozco supuesto administrador de la finca y el finquero Luis Fernando Arriaza Migoya, supuesto propietario de la Finca Tz'inte que ha utilizado este territorio para la siembra y explotación de monocultivo de Hule.

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       Las organizaciones integrantes del Frente Indígena Campesino de Iximulew, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo Q’eqchi’, ante la ola de represión política, gubernamental y extrajudicial que están sufriendo. Condenamos los ataques brutales, extrajudiciales y paramilitares que se desarrolla sistemáticamente, especialmente en contra del pueblo Q’eqchi’; los crímenes en contra de Carlos Mucú,  Misael López y la desaparición forzada de Carlos Enrique Coy y  ahora los hechos violentos ejecutados la noche del 15 de agosto del presenta año en la comunidad de Cubilgüitz, Cobán A. V., en contra de la vida de  40 familias que reclaman su derecho a la tierra, estos actos se suman a la   evidente incapacidad y la nula voluntad política   gubernamental para resolver la conflictividad agraria que se  existe en dicho territorio y en todo el país.

Las 40 familias agredidas tienen más de 15 años de estar asentadas en el lugar a partir de que, luego de muchos años de trabajar para la familia Dieseldorff, fueron despedidas sin el pago de sus prestaciones salariales. Dado que son familias campesinas del pueblo Q’eqchi’, desde entonces han reclamado que se les entregue tierra en pago de sus prestaciones. La propietaria Dorothee Anne Diesseldorff Neal de Glimderse se ha negado a responder a esta justa demanda y ha presionado y logrado que algunos de los extrabajadores acepten un el pago equivalente a un tercio de lo que justamente corresponde; sin embargo las 40 familias agredidas siguen exigiendo el pago digno de sus derechos laborales equivalentes a 4 manzanas por familias más el lote donde actualmente viven, sin embargo los Dieseldorff, que desde 1890 se fueron adueñando de decenas de fincas, que en el tiempo de su mayor auge, llegaron a equivaler aproximadamente la mitad del departamento de Alta Verapaz, se niegan a acceder a esas demandas y han presionado a las familias para que se desliguen del CUC.

En ese contexto que aparece César Montes con su agrupación, jugando el papel de grupo de choque en favor de los finqueros ya que se presentan donde hay lucha por la tierra y comienzan a amedrentar a las y los campesinos, hasta lograr su desalojo. Esta forma de operar les resulta convenientes a los terratenientes que utilizan sus guardias privadas o grupos como el de César Montes para atacan a familias que luchan por la tierra, aparentando enfrentamiento entre campesinos, tal ya lo han hecho en distintos lugares, en el Valle del Polochic.

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Nuevamente más de 150 familias indígenas y campesinas están siendo amenazadas por parte del Estado de Guatemala ante la emisión de orden de desalojo programado para el próximo 27 de agosto 2020; dichas familias se encuentran en tres inmuebles que conforman la Hacienda Palmeras y Finca Primavera en el municipio de Cuyotenango en Suchitepéquez, inmovilizadas por un proceso de extinción de dominio. Las y los comunitarios han realizado diferentes gestiones para que estas tierras sean adjudicadas a las familias que se encuentran en inmediaciones de La Finca Palmeras.

El Juez de Primera instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepéquez con sede en Mazatenango, a pesar del proceso de extinción de dominio, ha generado una nueva orden de desalojo contra estas familias, lo que traerá  como consecuencia que ex trabajadores colonos de la finca Palmeras sean afectados directos, a quienes se les estará violentando sus derechos humanos.

Asimismo, el señor Juez de Paz de Cuyotenango, quien también conoce el caso, ha emitido dos resoluciones judiciales de fechas 9 y 18 de junio del 2020, pero ha negado el acceso al expediente e información a los abogados de las familias afectadas. El acceso a la información que obra en el expediente es indispensable para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa de las familias afectadas.

Las resoluciones emitidas por el Juez de Paz contravienen la Constitución Política de la República de Guatemala que señala en su Artículo 14 que los abogados, en forma verbal o escrita, tienen "derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos, diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata".

Por tal razón, desde el Comité de Unidad Campesina hemos presentado una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos de defensa, al debido proceso; a las garantías judiciales, a un recurso efectivo y al libre acceso a la información, por lo que esperamos el resultado de la investigación de la Procuraduría y que se determine la responsabilidad en la comisión de las vulneraciones de derechos humanos.

Condenamos y rechazamos la intención de parte de los operadores de justicia por ordenar nuevamente desalojar a las familias que se encuentran en inmediaciones de La Finca Palmeras, ya que violentaría y vulnera sus derechos humanos; y es ya conocido que el Estado de Guatemala no garantiza la seguridad de las personas, ni mucho menos aplica los protocolos de desalojo mandatados por Naciones Unidas.

Exigimos al Gobierno de Guatemala, el cese a la persecución en contra de las familias indígenas y campesinos.

Solicitamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos resuelva la denuncia por violación a derechos humanos que se ha planteado.

Que la Finca Palmeras, que pasará a poder del Estado por el proceso de extinción de dominio sea adjudicada a las familias campesinas llegando a un acuerdo entre las partes.

Actualmente, nos encontramos enfrentando la pandemia del COVID-19 y al emitirse orden de desalojo en contra de las familias campesinas se pone en riesgo la vida de estas y se vulneran los derechos de la salud de la población, por lo que le exigimos al Gobierno de Guatemala de marcha atrás en su intención de desalojar a las familias.

Comité de Unidad Campesina -CUC-
¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo
de las y los trabajadores del campo!
Miembro de la CLOC-Vía Campesina, Albamovimientos,  Asamblea Internacional de los Pueblos,

la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej y la Asamblea Social y Popular

Iximulew, 22 de julio 2020

Descargar Comunicado aquí     

Desde el Comité de Unidad Campesina -CUC-, RECHAZAMOS totalmente el estado de sitio decretado e impuesto por el Presidente de la República Alejandro Giamattei y su Consejo de Ministros bajo el decreto 13-2020, afectando a los municipios de El Estor, Morales, Livingston del departamento de Izabal así como en Panzós, Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz; medida represiva, desproporcionada y sin fundamento en contra de la población Q’eqchi’ y Poqomchí que no resuelve las problemáticas de este territorio.

Con este estado de sitio, las comunidades Q’eqchi’s y Pocomchí que históricamente han tenido posesión de la tierra y que han sido sistemáticamente despojadas, nuevamente son objeto de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, que busca únicamente la protección de empresas dedicadas al monocultivo de palma africana, minería de níquel, hidroeléctricas e ingenios que han venido a generar una serie de conflictos agrarios históricos en la región.

La existencia de riquezas del subsuelo, tierra fértil y agua abundante de esta región son condiciones para que las grandes empresas en contubernio con diferentes gobiernos a lo largo del tiempo han expropiado y arrebatado violentando los derechos de las comunidades, como la masacre sucedida en Panzós en 1978, con el fin de reconcentrar la tierra para las diferentes producciones de las megaindustrias.

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