Este 31 de enero de 2012 miembros del Comité de Unidad Campesina -CUC-, de Waqib´Kej y de la Coordinación Genocidio Nunca Más rememoramos los 32 años de la masacre de la embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980. La actividad inició con actos simbólicos en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la zona nueve de la capital donde antiguamente se ubicaba la embajada de España.

Hoy seguimos recordando y condenando una de las masacres más atroces ocurridas en la historia reciente de Guatemala. El 31 de enero de 1980, fuerzas militares, policía y grupos para-militares, dirigidos directamente por el gobierno militar del general Romeo Lucas García y mandos que dirigían estas fuerzas, masacraron a 37 personas dentro de la Embajada de España. La mayoría de ellos eran hermanos y hermanas indígenas, campesinos, estudiantes, pobladores y sindicalistas. Otros eran funcionarios de la embajada y figuras políticas de aquel período. Posteriormente fue asesinado el compañero Gregorio Yujá, quien había sobrevivido esta masacre y que hizo un total de 38 personas muertas en aquel trágico acontecimiento.

Con un despliegue de funcionarios del MAGA, la SESAN, la Secretaría de Asuntos agrarios y la alcaldía de Panzós, el gobierno de Pérez Molina realizó este sábado 28 de enero un acto para entregar alimentos a las comunidades que en marzo del 2011 fueron desalojadas por las llamadas fuerzas de seguridad del Estado bajo la dirección de la familia Widmann. Es de recordar que esa entrega de alimentos llega con un atraso de seis meses, porque que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos había planteado que en junio pasado debía de ser atendidas las necesidades de alimentación, salud, vivienda y condiciones de seguridad de las familias.

Los funcionarios antes mencionados congregaron a familias desalojadas en el Valle del Polochic con el objetivo de hacer un show para consumo de los medios de comunicación; sin embargo, se toparon con la enorme dignidad del Pueblo Q’eqchi’. Las compañeras y compañeros de las comunidades desalojadas tomaron la palabra para expresar que no podían agradecer algo que era obligación del Estado guatemalteco; pero además demandaron que se cumplieran el resto de medidas pendientes, y sobre todo, lo que se esperaría de un gobierno que realmente quiera resolver la problemática agraria en el Valle del Polochic es la restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades, el fin de la criminalización y persecución contra las y los líderes de las comunidades, el juicio y castigo de los responsables de los asesinatos y agresiones en contra de mujeres y hombres campesinos y el respeto a los derechos del Pueblo Q’eqchi’ haciendo uso de los instrumentos de las comunidades y los espacios constituidos para el efecto como el comité de peticionarios de las medias cautelares y otros que las y los pobladores desalojados determinen.

La actitud de las y los compañeros de las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic evidencia que la dignidad no se compra con regalos y que el gobierno de Pérez Molina tiene la responsabilidad, como jefe del ejecutivo, de respetar los derechos individuales y colectivos de las comunidades Q’eqchi’s y en base a ello, no echar más leña al fuego, sino responder a las demandas de las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic.

Comité de Unidad Campesina

CUC

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo

de las y los Trabajadores del Campo

28 de enero de 2012.