REPRESIÓN CONTINÚA EN EL CAMPO:
POLICIA Y EJERCITO DESALOJAN ILEGALMENTE A FAMILIAS Q’EQCHIE’S

 

El día 3 de diciembre fueron desalojadas 21 familias de la comunidad Q’eqchi’ de Sechochoc, Cobán, Alta Verapaz, por una fuerza policíaco-militar y el Ministerio Público que obedecían a las orientaciones de la supuesta dueña de la finca Campur.

Desde las 10 de la mañana llegaron más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil y más de 100 soldados del Ejército de Guatemala quienes ordenados por la Sra. Karin Schleehauf de Casado procedieron a destruir las viviendas de los campesinos y desalojar a hombres, mujeres y niños de la comunidad asentada en las 2 ½ caballerías de tierra.

La orden judicial no indicaba colindancias o mojones ni la ubicación de la finca supuestamente usurpada, sino que el desalojo se hizo únicamente en base de lo que decía la supuesta propietaria. Denunciamos que el Ministerio Público, los jueces y la policía solicitan, ordenan y ejecutan desalojos de comunidades indígenas y campesinas sin verificar la ubicación de las fincas ocupadas e injustamente se dejan llevar por una supuesta propietaria de forma anti técnica y totalmente ilegal.

En este y otros casos anteriores la Policía Nacional Civil no se limita a ejecutar el desalojo sino que procede a destruir las viviendas de los campesinos, lo que no es parte de sus atribuciones. Igualmente, rechazamos la participación del ejército en la ejecución de desalojos a comunidades campesinas en tiempos de paz, siendo esto una violación de los Acuerdos de Paz.

Consideramos que este desalojo fue una medida precipitada y con uso de fuerza desproporcionada: 200 policías y 100 soldados para desalojar a 21 familias campesinas. Asimismo, la orden de desalojo se ejecutó sin esperar la resolución de una cuestión prejudicial que la comunidad campesina planteó en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán para  conocer el estudio catastral y registral de la Secretaría de Asuntos Agrarios de Chisec y verificar la ubicación, colindancias y mojones de la propiedad.

Denunciamos también que el día de ayer la Sra. Schleehauf, acompañada de dos guardias de seguridad y el administrador, anduvo preguntando por el Asesor Jurídico del CUC, el Lic. Sergio Bel tetón de León, quien durante la diligencia judicial estuvo cuestionando la legalidad de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, demandamos:

  • Que el Ministerio Público y jueces, antes de ordenar desalojos, investiguen la situación jurídica de las fincas en coordinación con las instituciones oficiales que tienen que ver con la problemática de la tierra, y no simplemente se deje llevar por acusaciones hechas por supuesto propietarios sin fundamento legal ni técnico.
  • Al Ministerio de Gobernación por la utilización de fuerza desproporcionada para desalojar a comunidades que necesitan tierra para producir.
  • Que el Ministerio de la Defensa se limite a sus funciones y que asuma las recomendaciones del Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.
  • Que la Secretaría de Asuntos Agrarios asuma su responsabilidad y investigue la situación jurídica de estas tierras.

 

 

¡Contra los desalojos y la represión: mayor organización!

 

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

 
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–
MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA
 
 

 

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CLOC
Vía Campesina
 
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