Como es de conocimiento público el día de ayer 7 de mayo del presente año, el presidente de la república en cadena de radio y televisión decretó el estado de prevención (decreto 1-2008)  por el paro de transporte quienes según el presidente han atentado contra el orden público, al paralizar la circulación del transporte pesado.  Inmediatamente desplazaron en forma combinada a elementos de la policía  y el ejército en varias zonas del país, para controlar la situación.

De esta forma se restringe las medidas de garantías de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, según los arts. 138 y 139 de la Constitución Política.

Una de las características de estos decretos es que el presidente de la República tiene facultades de militarizar servicios públicos, incluso los centros de enseñanza e intervenir los prestados por empresas particulares y  no necesita ser aprobado por el Congreso de la República.

Y lo más perjudicial para campesinos y campesinas es el control de  reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo, aún cuando fueren de carácter privado.  En caso de no contar con el respectivo permiso o autorización el Ejecutivo puede disolver por la fuerza estas reuniones, después de habérseles ordenado a los participantes la disolución de la misma.

Esta limitación obliga a solicitar permiso para manifestaciones al aire libre, mítines, asambleas, espectáculos, etc.  Este permiso tendría que solicitarse a la Gobernación Departamental que corresponda. Es sumamente delicada esta limitante ya que podría impedir la movilización de comunidades y organizaciones populares, quedando a criterio del gobernador respectivo su autorización o no.

Otra de las facultades que tiene el presidente es censurar las publicaciones en los medios de comunicación que “a juicio de la autoridad” contribuyan o inciten a la alteración del orden público.

Por estas razones el Comité de Unidad Campesina MANIFIESTA:

1) No es tolerable ni justificado que se decrete el estado de prevención y en consecuencia se limiten las garantías constitucionales de: huelga, libre reunión y manifestación; libre locomoción y libertad de emisión del pensamiento con la excusa de la crisis del transporte público, por lo que exigimos la suspensión inmediata del estado de excepción

2) El Organismo Ejecutivo, podría haber resuelto la problemática del transporte de carga en el país, sin necesidad de recurrir al estado de prevención.

3) Se sienta un nefasto precedente que por situaciones o movimientos de carácter laboral o popular se limiten dichas garantías constitucionales. Es la primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz que se suspenden las garantías constitucionales  en todo el país. Este hecho se suma a las operaciones policíaco-militares que se dieron a finales de abril, cuando se tomaron militarmente varias comunidades de San Juan Sacatepéquez. Como ya lo hemos expresado, el gobierno actual se está deslizando por la pendiente de la represión y la remilitarización.

4) Llamamos a la ciudadanía y las organizaciones sociales a expresarse de forma enérgica, condenando la imposición del estado de excepción y que el mismo se deje sin efecto.

¡A mayor represión, mayor organización!

Comité de Unidad Campesina -CUC-

Miembro de CNOC, Waqib’ Kej, CLOC y Vía Campesina